Ley Mordaza – Gag Law
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    Ahogados en la represión (final)

    28 de abril de 2008

    Ahogados en la represión (final)

    Laritza Diversent

    LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) – La Ley 88 reconoce en su
    articulado el carácter especial de su aplicación. Tiene vigencia sólo en
    aquellos casos que la elite de poder se sienta amenazada por la
    actividad de un grupo de personas, tal como sucedió en la Primavera
    Negra de 2003.

    Los opositores sancionados en virtud de esta ley fueron sometidos a
    juicios sumarísimos sin ningún tipo de garantías procesales. Esto le
    permitió al régimen actuar contra el resto de la disidencia interna. Les
    demostró su poder y lo que es capaz de hacer. Fue para aterrorizar. Una
    especie de represión psicológica.

    Lo más significativo de esta disposición normativa es que califica como
    delictivo un comportamiento que no tipifica un delito específico del
    Código Penal Cubano. La Ley 62 regula y prohíbe los comportamientos
    socialmente peligrosos dentro de la nación.

    Técnica y jurídicamente, la Ley Mordaza es deficiente, extremadamente
    indefinida y abstracta. Los supuestos de hechos que definen los
    comportamientos prohibidos son ambiguos e imprecisos. Esta situación
    determina que su interpretación y aplicación sean sumamente oscuras.

    Estas características y deficiencias son perfectas para la consecución
    de los fines políticos que persigue el dictatorial: aplastar a
    la oposición pacífica, mantenerse indefinidamente en el poder y
    silenciar las voces que dentro de Cuba exigen .

    Permite que los fallos judiciales sean arbitrarios e injustos.
    Posibilita legalmente al gobierno cometer todo tipo de atropellos con
    sus ciudadanos, justificándose y escondiéndose detrás de un supuesto
    interés social que no existe.

    Hay interés de reprimir un delito cuando este ataca o amenaza las
    relaciones sociales de los hombres. Desde este punto de vista, el daño
    que se provoque u ocasione a la es el que decide cuáles son los
    comportamientos que deben ser sancionados penalmente.

    Somos los ciudadanos los que valoramos la gravedad social de un hecho,
    precisamente porque es a nosotros a quienes afecta. El sistema jurídico
    cubano debe beneficiarnos y protegernos, no reprimirnos.

    No es válido utilizar el derecho penal como medio de sometimiento e
    imposición de una determinada ideología. Esto quiere decir que el estado
    no tiene justificación para penalizar comportamientos que se separan de
    sus intereses hegemónicos.

    El rechazo a las posiciones ideológicas comunistas no se argumenta
    suficientemente para imponer injustos castigos. Se requiere que haya un
    daño social y este no existe en el hecho de expresarnos y opinar
    libremente. Todo lo contrario, prohibir el ejercicio de este derecho es
    atentar contra la esencia misma de la humana.

    Habrá en nuestro país cambios democráticos cuando se desarrolle en
    nuestra sociedad el pluralismo político. Eso será posible, entre otras
    cosas, si se deroga la Ley 88, y cuando el gobierno cubano reconozca
    públicamente que en nuestra sociedad hay oposición política.

    Esos serían los cambios válidos que necesita nuestra realidad, los que
    le darían al proceso de transición el carácter democrático.

    Debemos trabajar en pos de establecer los mecanismos necesarios que
    limiten el poder absoluto del gobierno, y por poner fin a las soluciones
    arbitrarias del gobierno que por más de 48 años nos ha ahogado en la
    represión.

    Primera parte de este artículo:

    http://www.cubanet.org/CNews/y08/abril08/25cronica2.html

    http://www.cubanet.org/CNews/y08/abril08/28cronica2.html

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