Ley Mordaza – Gag Law
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    Ahogados en la represión (I)

    25 de abril de 2008

    Ahogados en la represión (I)

    Laritza Diversent

    LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) – El Estado cubano cuenta con
    un adiestrado y numeroso aparato represivo. Eso no es un secreto para
    nadie. Hablo de sus cuerpos policiales, los tribunales, la fiscalía y el
    ejército.

    En principio, todo estado goza de potestad soberana, poder que expresa
    por medio de la actuación de sus órganos y por la promulgación de leyes.
    Estas últimas constituyen el instrumento idóneo a través de las cuales
    ejerce su derecho a instituir delitos y penas (ius puniendi).

    Supuestamente, la normativa jurídica-penal y la actividad del aparato
    represivo estatal deben estar en función de salvaguardar la en
    general. Su fin es prevenir y reprimir el delito.

    Me refiero a la protección contra los hechos que lesionen o pongan en
    peligro intereses fundamentales que afecten las condiciones de vida de
    los seres humanos, presupuestos indispensables para la vida en sociedad.
    Ejemplo de ello es proteger la propiedad contra hurtos o robos, la vida
    humana de los actos que atenten contra la integridad corporal, etc.

    Sin , la pobreza que agobia a nuestro pueblo ha determinado que
    aumente la delincuencia.

    Incluso, muchas de las conductas calificadas legalmente como delitos,
    son acogidas, respaldadas y toleradas por la sociedad cubana. Esto se
    debe fundamentalmente a la insuficiente satisfacción de las necesidades
    sociales, y en otro orden de cosas, a la precariedad en la dirección
    ético-política que ejerce la cúpula gobernante en la actualidad.

    Es evidente que el aparato represivo del Estado cubano se ha desviado de
    su objetivo fundamental y de la principal razón de su existencia.
    Mientras la sociedad cubana se hunde en la decadencia, ellos se centran
    en reprimir y perseguir a los disidentes.

    Es realmente preocupante la tendencia del cubano, en casi medio
    siglo de socialismo, a utilizar la fuerza coactiva del derecho penal con
    fines políticos. Para preservarse y mantenerse indefinidamente en el
    poder, la oligarquía burocrática castrista se sirve del ius puniendi del
    Estado para imponer su decrépita ideología comunista.

    En otras palabras, por medio del intervencionismo estatal intenta
    modificar comportamientos socialmente integrados. Conductas de
    determinados ciudadanos, percibidas por los poderes públicos como
    indeseables.

    La mayor prueba de ello lo constituye la Ley 88 del 16 de febrero de
    1999, "de protección de la independencia nacional y la economía",
    conocida popularmente como Ley Mordaza.

    Por su esencia y contenido, esta ley es violatoria de una de las
    facultades humanas reconocidas a escala internacional. Impide el
    ejercicio y disfrute de nuestro derecho a expresarnos y opinar
    libremente. Legaliza la represión principalmente contra los periodistas
    independientes residentes en la isla. De forma general, reprime a todo
    aquel que denuncie las arbitrariedades del gobierno cubano.

    Esta disposición normativa tiene carácter penal. Prevé sanciones
    extremadamente severas para todo el que difunda por cualquier medio de
    expresión una opinión contraria a la gestión y política del gobierno de
    los Castro.

    http://www.cubanet.org/CNews/y08/abril08/25cronica2.html

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