Ley Mordaza – Gag Law
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    Cómo se logra el consenso en Cuba?

    ¿Cómo se logra el consenso en Cuba?
    Vicente Escobal

    MIAMI, Florida, julio, www.cubanet.org -Para muchas personas es un
    enigma cómo el régimen implantado por Fidel Castro ha logrado
    mantenerse por más de medio siglo. Las causas que han promovido
    estallidos sociales en otros países, constituyen en Cuba hechos
    cotidianos que cuentan – según la versión oficial – "con el abrumador
    respaldo de la población".

    ¿Qué ha hecho diferentes a los cubanos? ¿Cuáles son los fenómenos que
    han operado al interior de la sociedad cubana y que han contribuido a
    esa paradójica forma de "consenso"?

    A los pocos meses del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959,
    sus principales líderes prometieron pan, justicia y libertad. Parecía
    que finalmente se iban a cumplir los inconclusos objetivos de los
    fundadores de la nación cubana. Pero con el transcurso del tiempo
    comenzaron a producirse fenómenos nunca antes registrados en la historia
    de Cuba.

    El impacto inicial lo sufrió la familia: la nacionalización de la
    enseñanza privó a los padres del derecho a decidir soberanamente el
    tipo de educación que deseaban para sus hijos. Miles de niños salieron
    de Cuba bajo los auspicios de la conocida "Operación Peter Pan", el
    primer gran éxodo y el comienzo del desmembramiento familiar.

    La confiscación masiva de propiedades fue el segundo golpe, esta vez
    perpetrado contra la economía. Pequeñas, medianas y grandes empresas
    fueron arbitrariamente arrebatadas a sus legítimos propietarios. El
    sólido sistema empresarial y financiero cubano pasó abruptamente a manos
    del Estado y simultáneamente el control de los sindicatos y las
    asociaciones profesionales, muchas de las cuales desaparecieron o
    adoptaron formas de "organizaciones de masas", bajo un enfoque de
    naturaleza autoritaria y antidemocrática.

    Al dejar a un lado su tradicional función de moderador social y garante
    del bien común, el Estado cubano abolió la independencia de sus poderes
    y diseñó una enrevesada maquinaria propagandístico-represiva bajo cuyo
    peso sucumbieron incontables conquistas alcanzadas durante décadas.

    La gestión social transcurría bajo el imperio de las "orientaciones".
    Por cerca de veinte años Cuba se mantuvo sin un ordenamiento
    constitucional que preservara los derechos fundamentales de sus
    ciudadanos y regulara las relaciones entre la sociedad y el Estado, con
    lo cual se consolidó la condición totalitaria de éste último.

    La actividad política, económica, social y cultural de la nación quedó
    supeditada a directivas estatales. Las mejores tradiciones de la
    sociedad cubana se relegaron a las sombras. El pasado histórico se
    convirtió en algo turbio y delictuoso. Las voces que tempranamente
    denunciaron y protestaron fueron apagadas por las descargas de los
    fusiles o la sordidez de las mazmorras.

    Por primera vez en la historia de Cuba la idea de Patria,
    Independencia, Libertad y Soberanía se asociaron a un hombre.
    Enfrentarse a las retorcidas ideas de Fidel Castro implicaba una
    traición a la Patria. Su condición de Máximo Líder lo convertiría en
    el juez de la historia y el policía del pensamiento social. Siguiendo
    los dictados de su insaciable apetito de poder, Castro destruyó los
    cimientos económicos, morales y éticos en los cuales se sustentaba la
    República e implantó un sistema político inspirado en el marxismo-leninismo.

    El ingreso de Cuba al campo socialista constituyó uno de los capítulos
    más sombríos de nuestra historia. Las causas por las cuales se gestó la
    revolución cubana volvían a reeditarse, pero esta vez sin el más mínimo
    espacio para la rebeldía.

    Para lograr sus delirantes propósitos, Castro creó tempranamente un
    sistema de vigilancia a nivel de comunidad bajo el pretexto de
    abortar intenciones contrarrevolucionarias. "Vamos a crear un sistema
    de vigilancia colectiva y revolucionaria…" — sentenció — "y vamos a
    ver cómo se pueden mover aquí los enemigos del pueblo".

    ¿Quiénes eran los "enemigos del pueblo" y cuales sus "intenciones
    contrarrevolucionarias"?

    Bajo el apelativo de contrarrevolucionarios fueron calificados, entre
    otros, quienes se oponían al poder autoritario de Castro. Cuba no
    necesitaba un caudillo ni un nuevo dueño. Resultaba inaplazable en
    aquella coyuntura histórica impedir el surgimiento de otra dictadura,
    escudada en cuestionables principios de soberanía e independencia.

    En "enemigos" y "contrarrevolucionarios" convirtió Castro a muchos de
    sus antiguos seguidores, los mismos que lo secundaron en el asalto al
    Cuartel Moncada y otros que estuvieron junto a él en el desembarco del
    yate Granma, en las filas del Ejército Rebelde o como combatientes
    clandestinos agrupados en las filas del Movimiento 26 de Julio.
    Personas que se sintieron traicionadas cuando arteramente Castro
    proclamó el carácter marxista-leninista de la revolución. No fue su
    incipiente diferendo con Estados Unidos el promotor de aquella
    unilateral proclamación ni tampoco sus contradicciones internas con
    quienes se le oponían por haber sido despojados de sus propiedades. La
    única vía a disposición de Castro para perpetuarse en el poder era el
    comunismo, a pesar de haber asegurado en una ocasión que "si los
    comunistas sacan las uñas en Cuba, yo se las corto".

    Para garantizar la continuidad de sus ambiciones, C astro fragmentó las
    fuerzas que un día lo respaldaron y creó un engendro político al cual
    denominó Organizaciones Revolucionarias Integradas, que luego el mismo
    desintegró para fundar el Partido Unido de la Revolución Socialista de
    Cuba, bautizado años más tarde como Partido Comunista. De manera que la
    tesis castrista sobre el partido único creado por José Martí es
    absolutamente falsa y tendenciosa. En un periodo de tiempo relativamente
    breve, Castro concibió tres organizaciones partidistas muy diferentes al
    Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí, quien jamás se declaró
    simpatizante de las doctrinas totalitarias o hegemónicas y cuyo único
    objetivo era unir propósitos y empeños en aras de la independencia de
    Cuba.

    Pero no sólo se crearon métodos antidemocráticos en la conducción de la
    sociedad, la economía y el Estado. No sólo se suplantaron valores y se
    tergiversó deliberadamente la historia. Se diseñaron, además,
    instrumentos de represión, chantaje y coacción.

    ¿Cómo es posible, entonces, que un movimiento social traicionado y un
    pueblo privado de sus más elementales derechos no se hayan rebelado?
    ¿Dónde encontrar las bases del consenso y el compromiso?

    En Cuba no existen vías ni medios para encaminar el disentimiento
    político. El Estado está supeditado al Partido Comunista, identificado
    constitucionalmente como "fuerza superior rectora del Estado y de la
    Sociedad". El debate público se reduce a fórmulas diseñadas en la
    esfera ideológica de ese partido, dentro del cual funcionan múltiples
    departamentos especializados en el control de asuntos tan variados como
    la distribución de alimentos, la producción agropecuaria, la opinión
    pública, los planes de enseñanza, el transporte, la edición de
    periódicos y revistas, las iglesias, la cultura, el cine, el movimiento
    obrero, las organizaciones infantiles, juveniles, femeninas y
    profesionales, la designación de funcionarios públicos y otros muchos
    temas que convierten al Partido Comunista de Cuba en una entidad
    dominante y fiscalizadora, envuelta en un hermetismo sectario.

    Pero el Partido es la parte visible del poder. Existe otra institución
    superior a él, con diferente nomenclatura, otros líderes, otras normas
    y otros estilos de trabajo: la Dirección General de Inteligencia
    (DGI), institucional y públicamente adscripta al Ministerio del
    Interior, dirigida personalmente por Fidel Castro.

    Para el ciudadano común es imposible tener una clara noción de las metas
    de la DGI. Se la menciona en excepcionales circunstancias, la sociedad
    no conoce donde están localizadas sus instalaciones, quienes son y cómo
    se designan sus funcionarios, cuáles son sus prerrogativas, cual es su
    presupuesto. Es un fantasma que se mueve sobre la geografía cubana con
    la devastadora fuerza de un huracán.

    Un funcionario de nivel medio del Partido, quien abandono sus filas
    por rivalidad con el liderazgo, llegó a admitir en una conversación
    privada que sentía escalofríos cuando un oficial de la DGI entraba a su
    oficina. Esta confesión coincide con la de un viejo cuadro del Partido
    Comunista de la Unión Soviética respecto al KGB.

    La plantilla de la DGI está integrada por sicólogos, siquiatras,
    periodistas, sociólogos, médicos, abogados, locutores, directores de
    medios, ingenieros, embajadores y otros profesionales.

    Todos los organismos de la administración central del Estado y sus
    dependencias, así como las empresas, establecimientos, institutos de
    investigaciones científicas, medios de difusión y organizaciones
    sociales son supervisados sistemáticamente por oficiales de la DGI. En
    cada cuadra hay uno o más individuos clasificados por la DGI como
    "personal de confianza" (PC). Estos sujetos generalmente mantienen una
    actitud de crítica al régimen, poca militancia política o total
    indiferencia hacia el sistema. Su misión es informar a la DGI de todo
    cuanto ocurre en su entorno. Su tarea es independiente de las que
    realizan los miembros de los llamados Comités de Defensa de la
    Revolución (CDR), cuya estructura organizativa contempla un Responsable
    de Vigilancia quien también colabora eventualmente con la DGI, pero sin
    la capacitación profesional ni la confianza depositada en el PC.

    Los CDR también tienen a su cargo la confección y actualización de un
    "Registro de Direcciones" en el cual aparecen anotados todos los vecinos
    de su radio de acción con datos relativos a ocupación laboral, tiempo de
    residencia, movimientos migratorios, centro de trabajo, integración
    política, etc. Este Registro de Direcciones constituye de hecho uno de
    los eslabones primarios del sistema represivo cubano.

    La DGI organiza, asesora, capacita y moviliza a las Brigadas de
    Respuesta Rápida (BRR), encargadas de reprimir violentamente las
    actividades de los movimientos de oposición política y en defensa de los
    derechos humanos. Las BRR son reforzadas con gentes de la DGI
    adiestrados en técnicas de artes marciales. Hay numerosos testimonios
    de disidentes y opositores políticos que han sufrido los ataques de las
    BRR.

    En cada comunidad cubana está creado por la DGI el Sistema Único de
    Exploración y Vigilancia (SUEV), formado por elementos incondicionales
    al régimen, dirigidos por un militante del Partido Comunista. El SUEV
    mantiene un servicio de espionaje paralelo al de los CDR, pero con mayor
    alcance territorial.

    Otra institución represiva que funciona a nivel de comunidad es el
    Consejo de Defensa (CD), públicamente adscripto al Partido Comunista,
    pero cuya real actividad es controlada por la DGI. Teóricamente el CD
    se constituye solo ante una catástrofe natural pero también conforma el
    sistema represivo primario.
    En cada uno de los 169 municipios cubanos funciona una o más unidades de
    la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) así como secciones del
    Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y de la Contrainteligencia
    (CI).

    La PNR posee sectores a nivel de barrio y un permanente servicio de
    patrullaje a través de la Brigada Especial y la Brigada Especializada.
    Esta última dispone de perros amaestrados que fueron empleados por
    primera vez en los sucesos de la Embajada de México en La Habana, en
    marzo de 2002.

    Dentro de la estructura represiva cubana se encuentran otros organismos
    encargados de diversas misiones, entre los que se destacan Inmigración y
    Extranjería, Seguridad Personal, Guardafronteras, Destacamento de
    Protección a Sedes Diplomáticas, Sección de Protección Física y Secreto
    Estatal, Establecimientos Penitenciarios y las Oficinas del Registro de
    Población y Carne de Identidad.

    En el ámbito civil, los métodos represivos están presentes en múltiples
    esferas. El objetivo final de Castro ha sido aterrorizar la sociedad,
    hacer que el ciudadano sienta su desgarradora soledad e indefensión
    frente al Estado.

    La justicia es aplicada en Cuba desde una óptica totalitaria,
    centralista y parcializada. Los tribunales son meros instrumentos de
    ejecución de condenas preconcebidas, particularmente en los casos de
    "delitos contra la Seguridad del Estado". El proceso de instrucción
    penal está en manos de la policía, con facultades excepcionales como
    si el país viviera en un permanente estado de excepción. La figura
    de la defensa es asumida por abogados dependientes del control estatal a
    través de los llamados Bufetes Colectivos pues está prohibido el
    ejercicio independiente de la jurisprudencia.

    En los tribunales cubanos concurren circunstancias realmente insólitas.
    El juez, el fiscal y la defensa son militantes del Partido Comunista,
    tal vez camaradas del mismo núcleo, sometidos al "centralismo
    democrático" y a una ciega incondicionalidad. La historia del derecho
    cubano contemporáneo registra muchos casos de personas juzgadas y
    sancionadas por "convicción del tribunal", incluso a la pena capital.

    Hace ya algunos años fue promulgada la Ley 88, popularmente conocida
    como "Ley mordaza". Este abominable engendro prevé largas condenas por
    el solo hecho de expresar ideas a medios informativos extranjeros.
    Otra ambigua y arbitraria figura delictiva es la denominada "Propaganda
    enemiga", aplicada con particular crueldad contra activistas
    democráticos y opositores políticos. "Desacato", "peligrosidad
    social", "estado pre-delictivo de vagancia" y otras más completan el
    amplio abanico de aberrantes definiciones contempladas en el vigente
    Código Penal cubano.

    La triple condición de legislador, empleador y rector de la actividad
    laboral ilegítimamente asumida por el Estado, confiere a este el
    ominoso privilegio de establecer normas que enrarecen y adulteran la
    esencia de las relaciones sociales. Desde su rol de legislador, el
    Estado promulga normas legales destinadas a reforzar su condición de
    interventor de la sociedad.

    Así han surgido decretos que restringen el movimiento de los ciudadanos
    dentro del territorio nacional y otras normas legales que establecen
    determinados "requisitos de idoneidad" para alcanzar un empleo o
    ejercer un cargo público. El concepto de "idoneidad" se aplica
    generalmente a partir de antecedentes ideológicos y políticos.

    La Ley para la Inversión Extranjera proclama que la contratación de la
    fuerza de trabajo en las empresas de capital foráneo debe realizarse a
    través de una entidad estatal, la cual obtiene el pago en moneda dura y
    remunera a los trabajadores en pesos cubanos deprimidos. Esta forma de
    discriminación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la
    Organización Internacional del Trabajo.

    Otras normas legales exigen el cumplimiento de insospechados requisitos
    en una sociedad democrática, entre ellos obtener el consentimiento del
    gobierno para viajar al exterior, prohibir a los ciudadanos cubanos la
    inversión en la economía nacional, realizar trámites en dependencias
    del Estado para cambiar de vivienda, obstaculizar la emigración a
    médicos y otros profesionales del sector de la salud, portar con
    carácter obligatorio el Carnet de Identidad, algo cuyo incumplimiento
    puede ser objeto de una fuerte multa, pedir permiso para trasladarse de
    centro de trabajo o demostrar "integración revolucionaria" para el
    ejercicio de ciertos empleos y profesiones.

    La educación es igualmente un instrumento represivo. Desde su ingreso al
    nivel primario de enseñanza, los niños cubanos están obligados a
    pertenecer a la Unión de Pioneros de Cuba (UPC), al margen de la opinión
    de sus padres. La UPC es un instrumento de la Unión de Jóvenes
    Comunistas, funcionalmente dependiente del Partido Comunista. A partir
    de ese momento al estudiante se la confecciona un "Expediente del
    Alumno", en el cual se hacen anotaciones ajenas a la actividad docente,
    con un marcado acento político-ideológico. En la enseñanza
    media-secundaria es obligatoria la integración a la Federación de
    Estudiantes de la Enseñanza Media y la participación de los educandos
    en el llamado "Plan la Escuela al Campo". A los estudiantes que por
    determinadas razones no participen en ese plan se les priva del derecho
    de promoción al nivel preuniversitario, independientemente de sus
    resultados académicos, limitándolos a una formación de técnico medio.

    La enseñanza universitaria está reservada "exclusivamente para los
    revolucionarios", según definición del propio Fidel Castro. Este
    dogmático concepto resume la "estrategia" educacional castrista.
    Igualmente la cultura está regida por patrones represivos. La creación
    intelectual debe responder a dogmas y esquemas ideológicos. "Con la
    revolución todo, contra la revolución nada" advirtió Fidel Castro en
    una ocasión. El Ministerio de Cultura "orienta los objetivos de la
    cultura nacional".

    Un grupo de "intelectuales" de reconocidos vínculos con la DGI traza
    los lineamientos generales a los cuales debe supeditarse el talento de
    los creadores cubanos. No por gusto decenas de intelectuales han
    abandonado la Isla en busca de libertad.

    En la esfera de la salud pública de produce un ambiente de
    disconformidad entre los profesionales del sector. La escasez de
    medicinas, el deterioro de las instalaciones asistenciales, el desgaste
    físico y emocional, unido a los bajos salarios y el poco reconocimiento
    social, han provocado que muchos médicos y enfermeras, en un intento por
    mejorar su calidad de vida y con un doloroso abandono de su vocación,
    renuncien a sus profesiones y se vinculen laboralmente a la industria
    turística o se dediquen a tiempo completo al alquiler de sus autos, sus
    viviendas – e incluso sus esposas – a los turistas extranjeros o a la
    práctica de diversas actividades ilegales en el mercado negro, mientras
    otros aprovechan una "misión internacionalista" para abandonar
    definitivamente a Cuba.

    Aplicando su filosofía represiva, el régimen decidió que ningún médico o
    enfermera puede desvincularse del sistema nacional de salud pública para
    prestar servicios en el turismo, en vez de crear las condiciones para
    impedir el éxodo de esos profesionales.

    Ante estas y otras abrumadoras realidades, al pueblo cubano le quedan
    muy pocas alternativas. Una de ellas es la simulación, a través del
    ejercicio de "la doble moral", cuyas consecuencias han perturbado
    incluso las relaciones familiares. Otras se concentran en la emigración
    a cualquier precio, el "escapismo", la falta de interés por el trabajo
    honrado y la generalizada apatía.

    La más noble de todas es la pérdida del miedo. Esta ha impulsado a
    cientos de ciudadanos a integrarse en las organizaciones opositoras, en
    un acto de excepcional valentía, hundiéndose en un permanente estado de
    acoso y represión contra ellos y sus familiares.

    Cuando el presente de Cuba sea pasado, cuando se descorra el velo de la
    mentira, cuando los cubanos abandonen su condición de súbditos y
    recuperen la de ciudadanos, cuando todos unidos emprendan el camino de
    la reconstrucción moral y material, sólo entonces el mundo podrá
    comprender a quienes han mantenido encendida la luz de la verdad durante
    tantos años.

    Sólo entonces alcanzará su autentica dimensión la palabra consenso.

    http://www.cubanet.org/CNews/y2010/julio2010/29_O_1.html

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