Ley Mordaza – Gag Law
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    Arquitectura jurídica del castrismo

    Represión

    Arquitectura jurídica del castrismo
    Alberto Méndez Castelló
    Las Tunas 07-12-2010 – 10:24 am.

    Sin derechos individuales y garantías constitucionales, no hay cambios
    en Cuba.

    Aunque, según Elizardo Sánchez, presidente de la proscrita Comisión
    Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en la Isla hay
    cerca de 80.000 presos en unas 200 cárceles y campos de internamiento,
    "no es por el número de presos o excarcelados que puede medirse el grado
    de libertad existente", afirma un sociólogo ejemplificando la mendicidad
    cívica de la nación con su propia solicitud de anonimato.

    En condenas sucesivas por "atentado", "resistencia", "desacato", e
    "índice de peligrosidad", Harold Brito Parra, de 38 años de edad, ha
    cumplido 17 de cárcel.

    Por su afición al rock y a hábitos asociados, la Seguridad del Estado
    comenzó a investigarlo cuando tenía sólo 13 años y todavía estaba en la
    Secundaria Básica. Ahora, Harold Brito se encuentra tuberculoso,
    cumpliendo 8 años de prisión en Las Tunas por el presunto robo de un reloj.

    De sobrevivir a su enfermedad, a los 46 años habrá pasado 26 en la
    cárcel, incoados por motivos de conciencia, para concluir involucrado en
    un proceso común.

    "La línea divisoria entre delito común y delito político existente en
    Cuba es sólo cuestión de forma. El asunto de fondo es que no existen
    derechos individuales ni verdaderas garantías constitucionales. La
    Constitución de la República es un galimatías que remite a decretos para
    escamotear hasta los más tenues vestigios de derecho", afirma un jurista
    versado en Derecho Constitucional.

    "Por citar un ejemplo del que tanto alardea el gobierno en el mundo,
    según el Artículo 52 de la Constitución, en Cuba todos tienen derecho a
    la educación física, al deporte y a la recreación, pero sabido es que si
    usted no pertenece al menos a los Comités de Defensa de la Revolución o
    es informante de la policía, o guardafronteras, no podrá pescar, ni
    remar, ni navegar, pues no se le permite a un apático, y mucho menos a
    un desafecto del gobierno, poseer ni un botecito de remos. Por las
    mismas causas, tampoco se podrá cazar: quienes no comulgan con el
    castrismo tienen expresamente prohibido tocar la más antiguada escopeta.
    Estamos hablando de prohibir deportes recreativos por motivos
    políticos", dice el abogado.

    "¿Tan despistado está el mundo como para asociar el destierro de algunos
    presos con cambios en Cuba? ¿Qué cambios, si no sólo se le prohíbe a los
    cubanos el acceso a internet, sino hasta a la caza y la pesca, las
    ocupaciones más antiguas del ser humano?", pregunta.

    Por paradójico que parezca, las respuestas a las interrogantes del
    jurista se encuentran en la Gaceta Oficial de la República de Cuba del
    14 de febrero de 1959. Por el decreto presidencial número 563 se
    nombraba a Fidel Castro primer ministro. Antes, se había tirado al cesto
    la Constitución de 1940 para convertir en marioneta al presidente de la
    República y a Castro en jefe político del gobierno.

    De entonces para acá, Castro gobernó por decreto. Aún hoy gobierna,
    aunque se considere jefe de Estado a su hermano, el general.

    Con tal cuerpo legal, donde la Constitución de la República es una
    constante remisión a decretos punitivos, es difícil pensar en un aumento
    de libertades. Téngase en cuenta que cuando el Artículo 53 de la Carta
    Magna reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa, y
    establece que la ley regula el ejercicio de estas libertades, nos remite
    al Artículo 91 del Código Penal y a la profusa Ley 88, la famosa Ley
    Mordaza, utilizada para encarcelar en 2003 a más de una veintena de
    periodistas independientes con sanciones de entre 14 y 27 años de prisión.

    La juridicidad del régimen castrista es tal —y entiéndase la palabra
    como el predominio de soluciones jurídicas en asuntos políticos y
    sociales—, que al comandante en jefe y primer secretario del PCC (fuerza
    dirigente superior de la sociedad y el Estado, según el Artículo 5 de la
    Ley Primera) le resulta más fácil vaciar las cárceles en mitad de una
    cortina de discursos apocalípticos, que deshacerse de su macuto de
    leyes, es decir, de la caja de herramientas para enrejar a insumisos.

    Luego, los preocupados por asuntos cubanos, en lugar de llevar la cuenta
    del número de presos desterrados o liberados, deberían tomar nota de las
    leyes destinadas a encarcelar y escamotear derechos que han sido
    derogadas en Cuba, observando si las promulgadas fomentan en la letra y
    el espíritu verdaderas libertades.

    http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/2009-arquitectura-juridica-del-castrismo

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