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    Abogados y activistas denuncian ante la Fiscalía ‘detenciones arbitrarias’ y abusos de la Policía y la Seguridad

    Represión

    Abogados y activistas denuncian ante la Fiscalía 'detenciones

    arbitrarias' y abusos de la Policía y la Seguridad

    DDC

    La Habana 28-09-2012 – 6:09 pm.

    Piden que se imponga a los responsables 'correcciones disciplinarias por

    los perjuicios que han ocasionado'.

    Varios abogados y el director de un proyecto independiente presentaron

    este viernes por la mañana a la Fiscalía General de la República una

    denuncia fundamentada legalmente que recoge "numerosas detenciones

    arbitrarias", algunas incluso "violentas", ocurridas en la Isla entre 24

    de julio y el 24 de septiembre.

    Los arrestos, realizados por la y la Policía

    Nacional Revolucionaria (PNR), buscaban impedir a ciudadanos "ejercer su

    legítimo derecho a asociarse, reunirse, manifestarse y expresarse

    libremente", dicen en el texto los abogados Laritza Diversent Cámbara,

    Yaremis Flores Marín, Bárbara Estrabao Bichili y Veizant Boloy González;

    el de la Asociación Jurídica Cubana, Wilfredo Vallín Almeida,

    y el director del proyecto independiente Estado de Sats, Antonio

    González-Rodiles Fernández.

    Los autores detallan violaciones a la Constitución y las leyes cubanas

    cometidas por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, y piden a

    la Fiscalía que se pronuncie sobre los hechos e imponga a los

    responsables "correcciones disciplinarias por los perjuicios que han

    ocasionado".

    Los denunciantes dicen ampararse en el Artículo 63 de la Constitución de

    la República, según el cual "todo ciudadano tiene derecho a dirigir

    quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o

    respuestas pertinentes y en plazo adecuado, conforme a la ley", y en el

    Artículo 26, que reconoce que "toda persona que sufriere daño o

    perjuicio causado indebidamente por funcionarios o agentes del Estado

    con motivo del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tiene

    derecho a reclamar y a obtener la correspondiente reparación o

    indemnización".

    El documento, enumera varias detenciones. Entre ellas, las sufridas "con

    violencia" por Rodiles, el disidente Guillermo Fariñas Hernández, la

    integrante de Estado de Sats Ailer González Mena y el

    independiente Julio Antonio Aleaga Pesant el 24 de julio, cuando

    intentaron acompañar el cortejo fúnebre del líder opositor Oswaldo Payá.

    Asimismo, el arresto de varios miembros de la opositora Unión Patriótica

    de Cuba (UNPACU) el 23 de agosto, en fuertes operativos policiales

    realizados principalmente en Santiago de Cuba.

    En esa provincia, fue apresado en su casa, a las 6:00 de la mañana, el

    líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, junto a otros miembros de su

    organización, como Arsenio Rafael Molina Leyva, Franklin Peregrín del

    Toro, Samuel Leblanc, Guillermo Cobas Reyes y Anyer Antonio Blanco.

    "En la de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo Ramírez, el

    registro comenzó a las 6 de la mañana mientras dormían. Se personaron 15

    hombres vestidos de policía, 10 mujeres también uniformadas y una

    persona vestida de civil, presentaron un documento pero no dejaron que

    nadie lo leyera y entraron por la fuerza", indican los autores de la

    denuncia.

    "Una oficial de Menores golpeó a la menor Martha Beatriz Ferrer

    Cantillo, de 14 años, hija de José Daniel Ferrer y Belkis Cantillo

    Ramírez, que refiere que ya es la segunda ocasión que la maltrata

    físicamente la agente actuante. Le quería hacer un cacheo corporal

    porque la menor tenía un teléfono escondido, para quitárselo se le

    abalanzaron 10 mujeres uniformadas, la golpearon hasta casi dejarla sin

    aire mientras pedía auxilio", añaden.

    El texto entregado a la Fiscalía recoge también la detención "violenta y

    arbitraria", el 1 de septiembre, del escritor y Orlando Luis

    Parto Lazo, junto a su novia Silvia Corbelle Batista, "sin explicar el

    motivo (…) ni lugar" al que serían enviados.

    Por otra parte, el arresto, el 16 de septiembre, del periodista Calixto

    Ramón Martínez Arias de la agencia independiente Hablemos Press,

    "mientras investigaba sobre varias toneladas de medicamentos y equipos

    médicos que se echaron a perder en el Internacional José

    Martí, para realizar un reportaje".

    Martínez Arias, quien a finales de junio destapó la existencia de una

    epidemia de cólera en Granma y ha publicado múltiples reportes sobre la

    propagación del dengue, aún permanece detenido y las autoridades le

    acusan de "desacato" a .

    El documento resalta que, en el momento del arresto, la policía estuvo

    "más de una hora chequeando (…) su carnet de identidad" en el que consta

    una dirección de Camagüey.

    "El Decreto No. 217 'De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de

    la Habana', unido a más de 17 disposiciones complementarias, restringe

    la de circulación a cubanos residentes en otras provincias y

    les exige solicitar permiso para residir en la capital, a autoridades

    administrativas, que deciden discrecionalmente. Su aplicación viola el

    derecho de igualdad, no discriminación, trabajo y educación", critican

    los autores del texto.

    "La aplicación de las restricciones a la libertad de circulación

    prevista en el Decreto No. 217, entra en conflicto con la libertad

    personal protegida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

    Políticos", advierten.

    Señalan, por otra parte, que el abogado Veizant Boloy González y el

    director de Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, fueron detenidos en

    una estación policial Santiago de las Vegas, La Habana, al preguntar por

    la situación de Martínez Arias.

    Según la denuncia, la Policía dijo que el arresto de Boloy y Guerra fue

    ordenado por la Dirección General de Contrainteligencia de la Seguridad

    del Estado (conocida por la CI), que "no es un órgano facultado por la

    Ley de Procedimiento Penal para detener a ninguna persona".

    Además, cambió varias veces el supuesto motivo de la detención, no

    permitió a los activistas realizar una llamada, aunque la solicitaron, y

    luego negó que la hubieran pedido.

    "Aunque los detenidos no pidan llamar a sus familiares, la Policía está

    en la obligación de facilitar la comunicación entre el detenido con sus

    familiares, acorde a la Ley de Procedimiento Penal", dicen los denunciantes.

    Detallan gestiones de las abogadas Laritza Diversent y Yaremis Flores

    ante la Policía y la Seguridad del Estado para conocer el paradero de

    Boloy y Guerera, y las respuestas evasivas o destinadas a desinformar de

    las autoridades.

    De acuerdo con el texto, Boloy fue interrogado durante hora y media por

    agentes de la Seguridad del Estado, quienes lo amenazaron con

    encarcelarle "por cualquier delito" si volvía a presentarse en una

    estación policial interesándose por algún detenido, o aplicarle la Ley

    No. 88, conocida como Ley Mordaza, uno de los principales instrumento

    utilizados para enviar a prisión a 75 disidentes en la primavera de 2003.

    Estos y otros casos recogidos en la denuncia constituyen "una violación"

    de lo establecido en la Declaración Universal de los y

    el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dicen los

    autores del documento.

    La Constitución vigente establece en su Artículo 58 que "la libertad e

    inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen

    en el territorio nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos,

    en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o

    preso es inviolable en su integridad personal", recuerdan, y añaden que

    "igual garantía" establece la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, según

    la cual "nadie puede ser detenido sino en los casos y con las

    formalidades que las leyes prescriben".

    La denuncia incluye los nombres de muchos de los oficiales de la Policía

    y la Seguridad del Estado que habrían cometido violaciones.

    Según informó a DIARIO DE CUBA el director de Estado de Sats, el

    documento fue recibido por la Fiscalía.

    Denuncia a la Fiscali?a General de la Repu?blica en PDF:

    http://www.diariodecuba.com/sites/default/files/pdf/Denuncia%20a%20la%20Fiscali%CC%81a%20General%20de%20la%20Repu%CC%81blica.pdf

    http://www.diariodecuba.com/derechos-humanos/13236-abogados-y-activistas-denuncian-ante-la-fiscalia-detenciones-arbitrarias-y-ab

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