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    Breve historia cubana de la infamia

    Opinión

    Breve historia cubana de la infamia

    Rafael Rojas

    Princeton 22-09-2012 – 8:29 am.

    Intolerancia antes y después de 1959, intolerancia en la Isla y en el

    exilio, intolerancia en viejos y jóvenes exiliados…

    Poco sentido tiene, a estas alturas de las ciencias sociales,

    identificar en la cultura política cubana una disposición excepcional a

    la intolerancia. Los cubanos no son más o menos intolerantes que otros

    latinoamericanos, si bien un recorrido superficial por la esfera

    pública, dentro y fuera de la Isla, parece informar que la

    descalificación y el escarnio son más frecuentes entre nosotros que en

    los demás países de la región. Sabemos que las razones de esa

    recurrencia a la calumnia en la opinión pública son más institucionales

    que culturales (ausencia prolongada de democracia, Estado de Derecho,

    oposición legítima, división de poderes, alternancia en el poder…), pero

    no habría nunca que subvalorar, como recomendaba Alexis de Tocqueville,

    la influencia de las instituciones —o la falta de éstas— en las

    costumbres de los pueblos.

    Tocqueville, que era historiador, pensaba que las costumbres no eran

    ajenas a las diversas formas de comprensión de la historia. Una idea del

    pasado de un país, basada en la rígida contraposición binaria entre

    héroes y traidores, contribuye a la práctica de la intransigencia en el

    presente. Siempre que los actores políticos de un país reclamen el

    linaje de sus antepasados en décadas o siglos anteriores se abre la

    puerta a la representación obsesiva del heroísmo, la villanía o la

    traición. Ninguna historia nacional ha estado ni está libre de esas

    representaciones históricas del bien y el mal. El lugar de la "traición"

    y los "traidores" ha sido central en las tradiciones historiográficas de

    Occidente desde la Antigüedad. No habría más que repasar brevemente

    algunos pasajes de Herodoto o Tucídides para comprobarlo.

    Naturalidad de la traición

    Herodoto comienza Los Nueve Libros de la Historia contando el origen de

    la "discordia" en Grecia. Advierte el historiador antiguo que los persas

    y los griegos defieren en sus versiones sobre dicho origen. Para los

    primeros fueron los fenicios los "autores de la discordia", que robaron

    en Argos a Ío, hija del rey Ínaco. Los fenicios, según esta versión,

    traicionaron a las mujeres de Argos haciéndoles creer que solo querían

    intercambiar mercancías, cuando se proponían ultrajarlas y raptarlas a

    Egipto. Según Herodoto, los griegos contaban mal la historia, ya que

    atribuían el primer agravio a los cretenses, que habían robado a Europa,

    hija del rey fenicio.

    En el libro cuarto de La Guerra del Peloponeso, Tucídides habla de la

    traición del general lacedemonio Brásidas con la mayor naturalidad.

    Brásidas trama con los argilios, una pequeña comunidad de inmigrantes en

    la isla de Anfípolis, un levantamiento en el interior de esta ciudad,

    que era colonia de Atenas. Tucídides habla indistintamente de la

    traición de Brásidas y los argilios, pero dicha traición no consiste en

    otra cosa que la provocación de una guerra civil, que sería apoyada por

    una invasión extranjera. La traición, para Herodoto y Tucídides, era tan

    consustancial a la historia como la lealtad. De hecho, en la mayoría de

    los casos, no era más que el cambio de una lealtad por otra.

    En las visiones históricas nacionales, predominantes en la opinión

    pública cubana, dentro y fuera de la Isla, la traición carece de esa

    naturalidad que le atribuían Herodoto, Tucídides o Maquiavelo, quien en

    el libro octavo de El Príncipe habló de la importancia de la deslealtad

    en la constitución de los estados. No se trata, en el caso de los

    cubanos, de un defecto de moralización de la política, como generalmente

    se piensa, sino, más bien, de lo contrario: una politización de la

    moral. El traidor en esas visiones es siempre el arquetipo de la

    Traición, un ser carente de dignidad que no cambia de lealtad por

    convicción sino por intereses mezquinos. El traidor cubano no renuncia a

    una idea, un grupo o un líder, sino a una entidad sagrada, llámese la

    patria, la causa o el mismo líder.

    La cultura política revolucionaria heredó de la época colonial y

    republicana algunas figuraciones de esa metatraición que, exacerbadas

    por la ausencia de debate historiográfico y político, nutrieron la

    ideología oficial. Traidores con mayúscula fueron, según esas herencias,

    los autonomistas y los anexionistas del siglo XIX y los liberales o

    conservadores, machadistas o batistianos, auténticos u ortodoxos de la

    primera mitad del siglo XX. A partir de 1959, traidores serán todos los

    opositores públicos al gobierno de Fidel Castro, violentos o pacíficos,

    católicos o comunistas, liberales o socialistas. Opositor, disidente o

    exiliado han sido sinónimos de traidor, mercenario y terrorista en la

    opinión pública oficial de la Isla por más de medio siglo.

    La palabra "traición" aflora con demasiada facilidad en labios de

    cubanos. Los revolucionarios de los 30 y 50 acusaron a machadistas y

    batistianos de traición a la República. Los exiliados de los 60 y 70, a

    su vez, condenaron la "Revolución traicionada" por fidelistas y

    comunistas y los ideólogos del "período especial" llevan más de veinte

    años acusando a la diáspora de su misma generación de deslealtad al

    socialismo. Que se hable de una Revolución traicionada con la misma

    vehemencia que un siglo atrás se hablaba de una República traicionada es

    bastante revelador de esa sacralización de las lealtades políticas que

    distingue a la cultura cubana.

    La incapacidad para asumir como algo natural la permanencia o el cambio

    de las lealtades nutrió, en Cuba, como en toda América Latina, una larga

    tradición de panfletografía infamante, que la legislación de imprenta,

    en vano trató de limitar. A fines del siglo XIX, se escribieron libelos

    difamatorios en la prensa mambí, lo mismo que en los "centinelas

    alertas" procoloniales. En la opinión pública republicana la calumnia

    impresa o radial llegó a imponerse a la acelerada consolidación del

    Estado de Derecho que se vivió, sobre todo, a partir de 1940. En los

    últimos años de la República también se escribieron panfletos

    difamatorios en los dos bandos enfrentados: el de los revolucionarios y

    el de los batistianos. La mala calidad de la esfera pública cubana pudo

    leerse lo mismo en una columna de Ramón Vasconcelos que en otra José

    Pardo Llada.

    Choque de legitimidades

    Una vez que se atribuye públicamente el estatuto de traidor a quien no

    posee las mismas ideas o convicciones políticas lo que se pone en tela

    de juicio no es la justicia o la veracidad de esas ideas o convicciones

    sino la legitimidad misma de quien las sostiene. En Cuba, el debate

    público ha estado tradicionalmente enviciado por la disputa de la

    legitimidad, en un reflejo bastante nítido del conflicto por la

    soberanía de la representación política. Lo que se cuestiona en las

    polémicas cubanas no son las creencias, simpatías o lealtades sino la

    legitimidad de quien las practica. Esta peculiaridad refuerza la tesis

    de que el eje del conflicto cubano no es el diferendo entre EE UU y Cuba

    sino la fractura de la comunidad nacional.

    En el último medio siglo el Gobierno cubano ha sostenido por medios

    constitucionales, penales y policíacos el principio de que la oposición

    y el exilio son ilegítimos. En las tres primeras décadas porque ambos,

    aliados a EE UU, aspiraron al derrocamiento violento del Gobierno

    revolucionario. En las dos últimas décadas porque, aunque apelen a

    métodos pacíficos, persiguen, según el régimen, la misma meta

    destructiva. La oposición y el exilio, por su parte, también siguen

    presentando al Gobierno cubano como ilegítimo, a pesar de que las vías

    pacíficas y reformistas que ha experimentado en los últimos veinte años

    implican, en la práctica, un reconocimiento de la legitimidad histórica

    del Estado socialista.

    El sustrato jurídico de la ilegitimidad de la oposición en Cuba debe

    remitirse a la Constitución de 1976 y su codificación penal. Los

    artículos 53°, 54° y 62° de esa Constitución y del 72° al 97° del Código

    Penal establecieron el carácter punible de la oposición pacífica bajo

    los cargos de asociación ilícita, propaganda enemiga y delitos contra la

    seguridad del Estado. La Ley 88 de 1999, de "protección de la

    independencia nacional y de la economía de Cuba", concebida como

    "antídoto" de la enmienda Helms-Burton de 1996 y aprobada por la

    Asamblea Nacional del Poder Popular, transfirió a toda la oposición

    pacífica los objetivos del "bloqueo, la guerra económica, el

    quebrantamiento del orden interno, la desestabilización del país, la

    liquidación del Estado socialista y la independencia de Cuba".

    Esa legislación no solo ha sustentado jurídicamente las diversas oleadas

    represivas contra los opositores cubanos —incluida la de la primavera de

    2003— sino la maquinaria infamante del discurso oficial en las dos

    últimas décadas. Libros como El Camaján (2002) de Arleen Rodríguez y

    Lázaro Barredo, "Disidentes" (2002) de Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez

    y los expedientes que abrió el portal del Ministerio de Cultura, La

    Jiribilla, contra Jesús Díaz, Raúl Rivero y otros intelectuales críticos

    de la Isla y el exilio, entre 2002 y 2006, son buenos ejemplos de la

    renovación que vivió la literatura difamatoria durante la llamada

    "batalla de ideas". Una literatura que, naturalmente, surgió mucho

    antes, desde los primeros años de la Revolución, pero que se renueva

    década con década, a medida que se ensancha el censo de enemigos del Estado.

    El carácter de "antídoto" de la legislación represiva en Cuba se presta

    al equívoco histórico y político de que la misma fue una reacción al

    reforzamiento del embargo comercial en los 90. La represión de la

    oposición y su difamación en los medios oficiales comenzó desde el mismo

    año 1959, como prueban tantos casos célebres de líderes políticos

    fusilados, encarcelados o estigmatizados, antes, incluso, de que

    conspiraran o se opusieran violentamente al Gobierno revolucionario. La

    Ley 88 de 1999 no hizo más que referir específicamente a los objetivos

    de la Ley Helms-Burton el principio jurídico que, de jure y de facto,

    criminaliza a la oposición desde la llegada de Fidel Castro al poder.

    El propio Fidel Castro hizo su contribución personal al relanzamiento de

    la literatura infamante cuando en Biografía a dos voces (2006) le

    asegura a Ignacio Ramonet que el Proyecto Varela, promovido por Oswaldo

    Payá y el Movimiento Cristiano Liberación, fue un "invento de Estados

    Unidos o de la política de Estados Unidos", y presenta el rechazo del

    mismo por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular y la reforma

    constitucional de 2002, que declaró el carácter "irrevocable" del

    socialismo en Cuba, como respuestas al Plan Bush. El Proyecto Varela,

    como es sabido, fue lanzado antes de la llegada de Bush al poder y en su

    concepción no intervino el gobierno de Estados Unidos.

    El eje de la literatura infamante, en Cuba, es la negación de toda

    autonomía e identidad política a la oposición, por medio de la

    presentación de ésta como criatura de la "mafia terrorista" de Miami y

    el "imperialismo yanqui". En los últimos años, ésa ha sido la prioridad

    mediática de publicaciones electrónicas oficiales como Cubadebate,

    Cubainformación, la enciclopedia digital Ecured y los blogs de Yohandry

    Fontana, Iroel Sánchez, Enrique Ubieta o Manuel Henriquez Lagarde. Esa

    infamia es, en esencia, lo que el régimen cubano, sus ideólogos, sus

    policías y sus burócratas entienden por "batalla de ideas" o "guerra

    cultural".

    Intolerancia y exilio

    El choque de legitimidades entre el Gobierno, la oposición y el exilio

    permea toda la esfera pública. Que el mismo se refleje en los medios

    oficiales —impresos, radiales, televisivos o electrónicos— es lógico.

    Pero que tal choque impacte la mayoría de los medios de una diáspora,

    que vive en contextos democráticos, no deja de ser inquietante. En la

    sección de comentarios de todas las publicaciones electrónicas cubanas y

    en la cabecera editorial de no pocos blogs del exilio predomina, no el

    debate respetuoso, sino la impugnación de la legitimidad del otro y la

    descalificación moral de quien no piensa como el titular de la página.

    Esa mala calidad de la esfera pública cubana no puede atribuirse,

    únicamente, a las interferencias electrónicas del Gobierno cubano o de

    cualquiera de las muchas organizaciones de la oposición o el exilio.

    La cultura política predominante en el exilio, en las últimas cinco

    décadas, también ha reproducido la sacralización nacionalista de las

    lealtades. Muchos exiliados y no pocos políticos cubanoamericanos se han

    imaginado como herederos legítimos de los mambises del siglo XIX y han

    catalogado de traidores, en la opinión pública de Miami, ya no a todos

    los integrantes o partidarios de los gobiernos de Fidel y Raúl Castro,

    sino a aquellos opositores y exiliados que reprueban métodos como la

    invasión militar o el embargo comercial. Todavía es posible leer en

    textos de algunos líderes de ese exilio calificativos como

    "neoautonomistas", "dialogueros", "raulistas light", "cómplices",

    "agentes", "colonizadores castristas del Sur de la Florida", aplicados a

    quienes piensan que el fin del embargo y la normalización de las

    relaciones entre EE UU y Cuba pueden contribuir a la democratización de

    Cuba.

    La historia cubana en las tres últimas décadas es rica en episodios de

    intolerancia ideológica y política, que han atizado discursos

    infamantes. Episodios compartidos dentro y fuera de la Isla, como los

    actos de repudio contra marielitos en La Habana o la marginación de los

    mismos en Miami o las denigraciones públicas de personalidades de la

    cultura cubana de una u otra orilla. La conexión entre esas dos esferas

    públicas vecinas, La Habana y Miami, ha llegado a ser tan fluida, en

    medio de la guerra mediática, que los discursos de ambas ciudades

    parecen réplicas de sí mismos. Mientras algunos oficiales de las FAR o

    el MININT y no pocos exfuncionarios del Gobierno se instalan rápidamente

    como autoridades de los medios de Miami, disidentes de la Isla, que no

    concuerdan con las políticas hegemónicas del exilio, han debido sufrir

    la triple retórica infamante del régimen cubano, la opinión

    anticastrista y la radio y la prensa progubernamental del Sur de la

    Florida, cada vez tan estridente como sus propios rivales.

    Como en cualquier otra opinión pública democrática, en la de la diáspora

    cubana intervienen sujetos que construyen su autoridad en diferentes

    áreas del saber. En ella participan políticos y abogados, periodistas y

    empresarios, académicos y artistas, científicos y escritores, que se

    autorizan públicamente desde sus respectivas profesiones. Un aspecto

    curioso del choque de legitimidades en la opinión electrónica cubana es

    que constantemente se pone en duda la fuente intelectual de la

    autoridad. Los escritores, según esa opinión, no deberían tomar

    posiciones políticas porque además de ser escritores, no políticos, son

    malos escritores. Una de las constantes del debate electrónico cubano es

    el anti-intelectualismo: debatir ideas, ideas políticas incluso, es para

    muchos una pérdida de tiempo o algo contraproducente cuando de lo que se

    trata es de "acabar con el castrismo".

    El anti-academicismo es una de las modalidades más pertinaces del

    anti-intelectualismo cubano. En todas las esferas públicas democráticas

    los académicos, específicamente los de las ciencias sociales,

    intervienen en las instituciones de opinión. Muchos medios electrónicos

    de la diáspora cubana, sin embargo, ven esas intervenciones como

    retardatarias o dañinas. Para refutar ideas sostenidas por académicos

    esos medios prefieren la vía fácil de la descalificación de la academia

    misma, como espacio de saber, incapaz de solucionar o contribuir

    intelectualmente a la solución de problemas políticos. Ese

    antia-academicismo que, por ejemplo, hace suyo el término peyorativo de

    "cubanólogos", acuñado por los aparatos ideológicos del Comité Central,

    converge no solo con la ortodoxia comunista de la Isla sino también con

    la ortodoxia anticomunista del exilio, que siempre ha visto a los

    "cubanólogos" como "agentes" de Castro.

    Son asombrosas las consonancias que se producen entre algunos sectores

    de la opinión anticastrista y el discurso oficial, a la hora de valorar

    los nuevos liderazgos de la oposición pacífica en la Isla. La más clara

    convergencia intelectual entre ambas ortodoxias es aquella que presenta

    el problema cubano como un conflicto entre EE UU y Cuba, excluyendo o

    subvalorando a la oposición como actor legítimo del mismo. Para los

    ortodoxos de adentro Cuba defiende su "independencia"; para los de

    afuera EE UU defiende la "libertad" de Cuba. De ahí la importancia de

    que la oposición combata esos estereotipos, afianzando su autonomía

    política y económica.

    Figuras como Elizardo Sánchez, Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá,

    Manuel Cuesta Morúa, Guillermo Fariñas, Yoani Sánchez, Antonio G.

    Rodiles o Pedro Campos e iniciativas como La Patria es de Todos,

    Proyecto Varela, Todos Unidos, Arco Progresista, Estado de Sats,

    Observatorio Crítico o la Demanda Ciudadana por Otra Cuba han sido y son

    atacados, a la vez, por medios del oficialismo y del exilio. Estos

    últimos casi siempre están motivados por políticas concretas, como el

    apoyo al levantamiento del embargo comercial, al intercambio cultural y

    académico entre EE UU y Cuba o al llamado a la reconciliación nacional,

    que rechazan sectores tradicionales del exilio y de la clase política

    cubanoamericana. Pero tampoco están ausentes, en esas reacciones, viejos

    resabios anticomunistas de la Guerra Fría que, curiosamente, reproducen

    sujetos políticos formados después de la caída del Muro de Berlín.

    Quienes atacan, desde afuera, esos proyectos, no debaten seriamente las

    ventajas que, a su juicio, tendrían ideas o políticas diferentes sino

    que se limitan a acusar a sus líderes de complicidad con el castrismo.

    El estilo infamante

    La fuerza del tono y el estilo infamantes en la opinión electrónica

    cubana produce una sintomática inhibición de argumentos racionales en

    los extremos del conflicto. Así como los intelectuales y blogueros

    oficialistas renuncian a defender el partido comunista único, la

    economía de Estado o la ideología marxista-leninista, los nuevos

    publicistas de la ortodoxia exiliada renuncian a defender abiertamente

    el embargo comercial, el levantamiento armado o la invasión de EE UU. En

    el medio de ambas inhibiciones se genera una impresionante acumulación

    de odio, resentimiento y frustración, que se libera, generalmente, por

    medio de la calumnia.

    La última década ha rebasado ya la clásica polarización generacional

    entre un exilio histórico y una nueva diáspora. La mayoría de los medios

    electrónicos cubanos, fuera de la Isla, son operados por exiliados de

    los años 80 para acá o por miembros de las nuevas generaciones

    cubanoamericanas. La recurrencia al lenguaje deslegitimador, por tanto,

    no es, como algunos piensan, un atributo exclusivo del viejo exilio. La

    pregunta que sigue en pie es cuál es el verdadero volumen demográfico de

    exiliados cubanos que prefieren el discurso infamante al debate

    respetuoso entre diversos proyectos nacionales en el presente y el

    futuro de Cuba. Cuál es la base social real de esa apuesta por la

    deslegitimación en la esfera pública.

    Los medios electrónicos cubanos poseen un rango de seguidores que oscila

    entre cientos y miles de lectores. A Cubadebate, la página electrónica

    del Partido Comunista de Cuba, la siguen más de 90 mil internautas, pero

    Yoani Sánchez tiene más de 200.000 seguidores en twitter. Poco más de

    3.000 siguen por Facebook La Jiribilla, menos que los que siguen Havana

    Times y la mitad de los que siguen Diario de Cuba. Los sociólogos

    deberían ayudarnos a conocer mejor esas comunidades electrónicas que se

    articulan en torno a unas u otras publicaciones, pero pocos ponen en

    duda que la mayoría de los cubanos que debaten en aquellas páginas que

    permiten comentarios vive fuera de la Isla. Entre esos miles, sin

    embargo, solo una minoría recurre sistemáticamente al lenguaje difamatorio.

    Por ser una minoría, ese circuito electrónico no debería subestimarse ya

    que asume, deliberadamente, una función mediadora ante los lectores, que

    aspira a quebrar o anular la legitimidad de las figuras públicas. Entre

    todos los actores políticos cubanos, el más vulnerable, el que más sufre

    los discursos infamantes, es la oposición interna. Carentes del poder

    material del Gobierno de la Isla o de la clase política cubanoamericana,

    dependientes de la ayuda financiera y mediática del exterior, los

    opositores cubanos han sido los más desfavorecidos en la explosión de

    retóricas intransigentes que hemos vivido en la última década. Ellos, y

    no la clase política cubanoamericana o George Bush o, mucho menos,

    Barack Obama, han sido el blanco prioritario de la calumnia oficial o

    exiliada.

    La dependencia del exterior de la oposición cubana merma su prestigio

    político, pero, a la vez, le permite subsistir bajo un sistema hostil,

    diseñado para negarle toda dignidad a cualquier proyecto alternativo de

    nación. Sin la resonancia del exilio y la comunidad internacional, la

    oposición no tendría el escaso reconocimiento que ha alcanzado en los

    últimos años. Contra esa visibilidad ganada, en medio de la creciente y

    sistemática represión, se movilizan los profesionales de la infamia

    dentro y fuera de la Isla. Una de las principales motivaciones de estos

    últimos es, precisamente, juzgar la eficacia de una oposición pacífica

    desde los parámetros maximalistas de la vieja oposición violenta,

    revolucionaria o contrarrevolucionaria.

    Mientras en Cuba no sean removidas las leyes que aseguran la

    criminalidad de la oposición, ésta seguirá dependiendo de la ayuda

    exterior. Claro que esa dependencia es anómala e, incluso, ilegal en

    muchas democracias del planeta. Pero si la misma ofende tanto a las

    élites del poder cubano y a sus aliados en el mundo, ¿por qué no ponen

    fin, entonces, a la penalización de las libertades de asociación y

    expresión en la Isla? Ésa, y no las detenciones preventivas, los actos

    de repudio o las caricaturas biográficas en un blog oficial o una

    enciclopedia digital, sería la mejor manera de persuadir a Estados

    Unidos y a Europa de que el apoyo material a los opositores es

    violatorio de la soberanía cubana.

    Los escritores infamantes sienten fobia por las teorías y rechazan

    cualquier paralelismo entre el caso cubano y las transiciones a la

    democracia de fines del siglo XX. Cuba, según esos nuevos

    excepcionalistas de una u otra orilla, sigue caminos propios e

    inextricables, tanto en la preservación del sistema político actual como

    en las lógicas incipientes de su transformación. Pero lo cierto es que

    la oposición pacífica cubana, en las dos últimas décadas, se convirtió

    en un actor muy parecido a las disidencias del socialismo real en Europa

    del Este, durante los años 70 y 80. A la cubana le ha faltado el arraigo

    popular de Solidaridad en Polonia o el respaldo intelectual, juvenil y

    de clase media que ganó Carta 77 en Checoslovaquia, pero sus discursos y

    prácticas son bastante parecidos a los de aquellas disidencias.

    Uno de los líderes de la disidencia checa, el dramaturgo y periodista

    Iván Klíma, veterano de la Primavera de Praga y de la Revolución de

    Terciopelo, ha escrito en uno de los ensayos de El espíritu de Praga

    (2010) que los dos rasgos distintivos de aquella oposición fueron la

    ausencia de poder y una minoría moral, que constituyó su base política.

    En dos palabras: pequeñez y coherencia. Cierta vulnerabilidad extrema,

    que la hacía víctima de la descalificación del oficialismo y de la

    manipulación del exilio, convirtió a aquella oposición en una fuerza

    simbólica, que logró involucrar a las mayorías escépticas o cínicas del

    país en un cambio político que no se propuso controlar.

    Concluyo con este pasaje de Klíma, que describe a la perfección el

    liderazgo que ejercen un Oswaldo Payá o una Yoani Sánchez en la Cuba de

    las primeras décadas del siglo XXI:

    "Una persona que, por necesidad íntima, se enfrenta con coherencia a los

    poderosos, arriesgándolo todo, tiene una única pequeña esperanza: que

    con sus acciones recordará a las autoridades de dónde procede su poder,

    cuáles son sus orígenes y cuál su responsabilidad, y quizás consiga que

    sean un poco más humanas. Sin embargo, para los que están el poder, y

    para los que se han rendido a él, este objetivo parece pura locura. Las

    esperanzas de los impotentes están ocultas en el comportamiento de esos

    locos".

    http://www.diariodecuba.com/cultura/13127-breve-historia-cubana-de-la-infamia

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