Ley Mordaza – Gag Law
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    El nuevo Evangelio, según el General

    El nuevo Evangelio, según el General
    San Raúl, el verde olivo, portador de la verdad revelada por su
    antecesor, el Magno Orate, nos anuncia una “buena nueva”
    Jueves, mayo 26, 2016 | Miriam Celaya

    LA HABANA, Cuba.- El partido-estado-gobierno cubano acaba de publicar un
    tabloide que contiene dos de los documentos raigales analizados y
    aprobados durante el VII Congreso del PCC, el pasado mes de abril de
    2016. Se trata del Proyecto de Conceptualización del Modelo Económico y
    Social Cubano de Desarrollo Socialista y del Proyecto Plan Nacional de
    Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de Visión de la
    Nación, Ejes y Sectores Estratégicos.

    Sin dudas, estamos ante un caso de “desclasificación parcial”, teniendo
    en cuenta que los cuatro documentos aprobados en el rito oculto de abril
    tuvieron un carácter estrictamente secreto y en su discusión y
    aprobación, producida en condiciones de clandestinidad, participaron
    alrededor de un millar de ungidos (dizque “delegados”) y –según cifras
    oficiales– 3 500 “invitados”.

    Aún quedan por desclasificar los dos misteriosos pergaminos restantes, a
    saber, el Informe sobre los Resultados de la Implementación de los
    Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la
    Revolución, con la Actualización de los Lineamientos para el período
    2016-2021, y el que contiene el Trabajo del partido en cumplimiento de
    los objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacional y de las
    Directrices del Primer Secretario del Comité Central, es decir, los
    sagrados mandamientos del propio General-Presidente.

    Lo primero que llama la atención en la divulgación de este tabloide es
    la indiferencia de la población cubana, que no ha dado la menor
    importancia a un documento donde, se supone, quedaron trazados y
    consagrados los destinos de la nación. En contraste, algunas agencias de
    prensa extranjeras han desatado una ola de comentarios que tienden a
    magnificar los referidos documentos como si se tratase del nacimiento de
    un milagro, centrando el foco de atención sobre lo que consideran la
    gran novedad: el supuesto reconocimiento del PCC a la “propiedad
    privada”, incluyendo en esa categoría a pequeñas y medianas empresas. A
    la vez, sus analistas más audaces sugieren cierta voluntad política del
    gobierno cubano de potenciar o permitir el desarrollo de este tipo de
    gestión económica.

    Semejante espejismo agitado por los “co-responsables” de prensa
    acreditados en La Habana –tan diligentes en legitimar el discurso
    oficial de la cúpula como refractarios a adentrarse en la investigación
    seria y profunda de la realidad cubana– parte de una errónea
    interpretación del punto número 91 de la “Conceptualización…”, que
    expone textualmente “Otra transformación para contribuir a la economía,
    al empleo y al bienestar de la población es el reconocimiento del papel
    complementario de la propiedad privada sobre determinados medios de
    producción…”.

    Sin embargo, es sabido que la verdadera propiedad privada solo es
    posible en sociedades donde los individuos, grupos o entidades
    empresariales estén en condiciones de ejercer el derecho de poseer,
    controlar, heredar, administrar y hacer producir sus bienes y capitales
    con el fin de alcanzar riquezas. Derechos estos que incluyen la
    posibilidad de ampliar sus propiedades en dependencia de sus
    capacidades, o de adquirir (incluso importar) materias primas,
    maquinarias, equipos y cualquier elemento necesario para el desarrollo
    de su actividad comercial o productiva, lo cual implica la existencia de
    un marco jurídico que ofrezca garantías legales a los “propietarios”. No
    es el caso de Cuba, como deberían conocer los corrillos de la prensa
    acreditada.

    De hecho, el documento recién publicado refrenda todo lo contrario de lo
    que cabe esperarse allí donde existe la verdadera propiedad privada,
    cuando expone en el punto número 104: “No se permite la concentración de
    la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales
    conforme a lo legislado, de modo consecuente con los principios de
    nuestro socialismo”. Y, por si esto no bastara, se coloca otro clavo
    sobre el ataúd de la ilusoria “propiedad privada” en el punto 201,
    cuando dicta: “el Estado regula la constitución, disolución, liquidación
    y reestructuración de las personas jurídicas de todas las formas de
    propiedad, define sus ámbitos de actuación y actividades principales”.

    Pero precisamente el valor más relevante del “Proyecto de
    Conceptualización…” es la enorme suma de elementos contrapuestos y
    excluyentes entre sí, lo que refleja con claridad meridiana no solo la
    magnitud y profundidad de la crisis socioeconómica cubana, sino la
    imposibilidad de darle solución desde el marco político-jurídico
    establecido en los últimos 57 años.

    Esto se hace evidente a lo largo de todo el documento, pero bastan unas
    pocas cuestiones esenciales que contradicen los presupuestos ideológicos
    sobre los que se pretende construir el “Modelo”. Pongamos por caso las
    inversiones extranjeras, una “forma de propiedad” que ahora se reconoce
    oficialmente por el gobierno como “una fuente de desarrollo y vía de
    acceso a capitales, tecnologías, mercados y experiencia gerencial, que
    tributa a la solución de importantes desequilibrios estructurales y a
    encadenamientos productivos…” (Punto número 90).

    No obstante, se mantiene el principio de que el sistema de dirección de
    la economía es planificada, regulada y controlada desde el Estado, que
    también controla las relaciones con la economía internacional (punto 203).

    Es decir, que la solución a la crisis estructural del socialismo cubano
    se encuentra en las formas de producción capitalistas, pero la
    distribución de la riqueza que se obtenga de las relaciones de mercado a
    través del comercio exterior y de la inversión extranjera (capitalista)
    será ejercida por el Estado socialista. Luego, la riqueza obtenida de la
    capacidad de producción capitalista sería de propiedad
    estatal-socialista, ya que, como expone el punto 124, “el Estado actúa
    como representante del dueño, que es el pueblo”.

    Y como, además, “Dada su condición de representante del dueño, el Estado
    decide y controla los destinos de las utilidades de las empresas
    propiedad socialista de todo el pueblo, una vez cumplidas las
    obligaciones tributarias y otros compromisos” (punto 148), se mantiene
    la colosal estatificación de la economía.

    Esta “representatividad” incluye la regulación y control de las
    instituciones, empresas y medios de comunicación, como recurso
    estratégico del Estado –es decir, el monopolio estatal de los medios–,
    “según la política trazada” por el PCC, “preservando la soberanía
    tecnológica, con observancia de la legislación establecida en materia de
    defensa y seguridad nacionales” (puntos 110 y 111), en lo que presupone
    la ratificación de la Ley 88 (Ley Mordaza).

    Desde luego, ese papel del Estado (a la vez gobierno y partido único)
    como “padre” administrador de la riqueza y de las propiedades en virtud
    de “representante del pueblo” es más que discutible en una nación donde
    no se realizan elecciones para el cargo de Presidente desde hace más de
    60 años, y donde más del 70% de la población nació después de 1959 y
    nunca ha tenido la posibilidad de legitimar semejante paternidad.

    Precisamente esto determina que la “nueva” propuesta –absurdamente
    futurista, pero casi idéntica a toda la retórica discursiva de las
    décadas precedentes– desde la misma cúpula octogenaria y retrógrada, no
    despierte interés alguno entre los cubanos comunes. ¿A qué “debatir”
    acerca del mismo viejo hecho consumado?, se preguntan con la apatía que
    domina a la sociedad cubana.

    Pocos se han detenido a pensar que con “el debate” popular que, según se
    dice, se producirá en torno a estos documentos, la casta gobernante
    persigue “legitimar” la consagración del capitalismo de estado para su
    propio beneficio, y mantenerse aferrada al poder más allá de las
    posibilidades biológicas de los bandoleros verde olivo. Así parece
    quedar expresado en la presentación del mamotreto en cuestión: estamos
    ante el legado estratégico de la “generación histórica” a las nuevas
    generaciones.

    No es posible agotar en un solo texto todos los ambiguos vericuetos que
    se deslizan a lo largo de los 330 puntos del Proyecto de
    Conceptualización. Baste, por el momento, con resumir que ellos
    constituyen la “buena nueva” que nos anuncia San Raúl, el verde olivo,
    portador de una verdad que seguramente le ha sido revelada por su
    antecesor, el Magno Orate: si nos apegamos al concepto de “Revolución”
    de aquel sabio anciano, si se cumplen los “Lineamientos” y si los
    resultados de la implementación de éstos resulta efectiva, para el año
    2030 los cubanos estaremos en condiciones de “construir una nación
    soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”.

    No se sorprenda nadie si en las semanas venideras se incrementa
    exponencialmente el número de emigrados desde esta ínsula imposible.

    Source: El nuevo Evangelio, según el General | Cubanet –
    www.cubanet.org/destacados/el-nuevo-evangelio-segun-el-general/

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